Como ocurre cada vez que un menor de 15 años comete un delito grave, se abre nuevamente la polémica sobre cuál debería ser la edad de inimputabilidad. En nuestro país las leyes establecen que los adolescentes hasta esa edad no pueden ser procesados judicialmente. Sí marcan claramente que el Estado debe velar por ellos para tratar de corregir el rumbo de sus vidas por el bien de la sociedad. Y ese punto siempre queda fuera del debate. “En Argentina no hacen falta más leyes, sino que se hagan cumplir las que existen”, señaló en una oportunidad la ya jubilada fiscala Adriana Giannoni, frase que se ajustaría a la perfección en este tema.
Argentina está adherida a numerosos pactos internacionales que protegen los derechos de los niños y adolescentes. Por eso, bajar la edad de punibilidad puede traer aparejados numerosos conflictos, ya que diferentes organismos internacionales se encargan de vigilar el cumplimiento de esos acuerdos. No acatar con lo que se ha firmado tiene consecuencias.
La provincia ha mostrado un importante avance para atender esta problemática que mucho preocupa a la sociedad. Con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal los tres poderes del Estado se han visto obligados a realizar cambios en las estructuras que atienden a los menores en conflicto con la Ley. El Ministerio de Seguridad sigue adelante con su proyecto de crear una división especial para atender los casos que son protagonizados por adolescentes. No sólo para perseguirlos, sino para alojarlos si es necesario hasta que se defina su futuro. La Legislatura sancionó una ley para que se creen las fiscalías de Menores, que atenderán los expedientes con otra perspectiva, que es lo que realmente se necesita.
Pero el Estado sigue en deuda. Hasta aquí sólo se habla de oficinas que intervendrán después de que los adolescentes cometan un delito. No se habla en estos casos de prevención, ni se ven políticas activas para evitar que los menores comiencen a transitar los duros caminos de la marginalidad y de la delincuencia. Justamente, ese es el trabajo más difícil, el que requiere una fuerte inversión y, fundamentalmente, una fuerte coordinación entre las diferentes áreas del Poder Ejecutivo.
Tucumán no es ajeno a la problemática de los menores que tienen conflicto con la Ley. Semanas atrás, el video de “Peque”, el niño que apareció manipulando armas de fuego y realizando disparos, impactó fuertemente en la sociedad. El niño hoy sigue siendo atendido por las autoridades, pero hasta el momento no se informó sobre ningún avance. El chico vivía en un humilde barrio de Villa 9 de Julio, sector de la ciudad donde hace menos de dos días un joven de 15 mató a otro de 16 de un disparo en una reunión. Por cierto, no se trata de estigmatizar un vecindario de la ciudad, sino de marcar una zona que para los especialistas es de alto riesgo.
La cuestión no pasa por un debate ideológico o político. Se trata de una discusión que requiere un profundo análisis para encontrar las soluciones a futuro y que no sea un mero parche para tranquilizar a los ciudadanos. Saber qué está fallando y buscar qué habría que hacer. Se debe pensar en alternativas que lleven tranquilidad y esperanzas a todos los miembros de la sociedad, incluidos los adolescentes que están en conflicto con la Ley.